Fusión-absorción y responsabilidad penal: fraus omnia corrumpit

Un accidente mortal en una obra. El empleador, imputado por homicidio involuntario, es absorbido por otra sociedad durante la instrucción.

En principio, nadie es penalmente responsable más que por sus propios actos (art. 121-1 del Código Penal). Sin embargo, al desaparecer la sociedad absorbida, la acción pública debería extinguirse con ella.

No obstante, tras un cambio jurisprudencial importante, la responsabilidad penal se transfiere automáticamente a la sociedad absorbente (Cass. Crim., 25 de noviembre de 2020, n.º 18-86.955).

Pero este principio solo es válido para las fusiones posteriores a la fecha de la decisión.

Para las fusiones anteriores, solo queda un camino: demostrar que la operación constituía un fraude de ley, es decir, que tenía como objetivo sustraer a la sociedad absorbida de su responsabilidad penal.

En este caso, la fusión se produjo en 2018 y el tribunal de apelación apreció fraude limitándose a señalar que la fusión tuvo lugar mientras había una instrucción en curso.

Para el Tribunal de Casación, esto es insuficiente; anula la sentencia y exige un conjunto de indicios que caractericen el fraude.

La solución es interesante pero ya está desfasada: el litigio sobre fusiones anteriores a la decisión de 2020 se está agotando y esta solución está destinada a desaparecer.